A Cuba no se le puede chantajear ni doblegar

Presenta el Canciller cubano pruebas, cartas, documentos y fotos que vinculan a los llamados disidentes con la Sección de Intereses de EE.UU. Desenmascarado el estado mayor de la subversión. El jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos distribuye su tiempo entre Miami y La Habana. Por qué fueron procesados, juzgados y condenados 75 mercenarios al servicio de Washington que reciben su paga como la Casa Blanca manda

Juana Carrasco Martín

La información dada por el canciller cubano Felipe Pérez Roque sobre los procesos judiciales seguidos a 75 acusados —74 de ellos hombres— de participar en actividades mercenarias al servicio de Estados Unidos y otros actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado cubano, fue extensa y detallada sobre los procesos judiciales y los antecedentes.

Del 3 al 7 de este mes de abril, en los 29 juicios de carácter sumario, practicados en casi todos los tribunales de provincia del país, este grupo de contrarrevolucionarios que recibió penas que oscilan entre seis y 28 años de privación de libertad, recibió la garantía del debido proceso.

Seis elementos definió en su intervención el Ministro de Relaciones Exteriores ante un amplio auditorio de corresponsales de la prensa extranjera acreditada en Cuba y de periodistas nacionales, para la definición anterior:

1) Todos los acusados conocieron los cargos que se les imputaban y tuvieron oportunidad de alegar sobre ellos antes de los juicios.

2) Todos los acusados ejercieron el derecho de contar con representación letrada, con abogado defensor designado por el acusado o de oficio.

3) Todos ejercieron el derecho de ser escuchados en el juicio por tribunales constituidos, en sus provincias, por jueces establecidos.

4) Todos los acusados y su defensores ejercieron el derecho a presentar sus pruebas, su testigos de la defensa, y los abogados defensores tuvieron acceso a los documentos del proceso.

5) Todos tienen derecho a recurrir sus sentencias ante el Tribunal Supremo, lo que es respetado escrupulosamente por la legislación cubana.

6) Ha habido un transparente y riguroso respeto a la integridad física de los acusados en todas las etapas del proceso.

EE.uu. intenta fabricar una quinta columna

También Pérez Roque dejó sentado los antecedentes que justifican plenamente estos procesos judiciales y las penas impuestas, pues tanto el Gobierno como el pueblo de Cuba —dijo— “tienen muy claramente comprendido que libran, todavía hoy, una dura batalla por su derecho a la libre determinación, por su derecho a la independencia”, y no pierden de vista la idea de que “en Cuba se juega la independencia, el futuro de nuestro país como nación y el disfrute de todos los derechos para todos los ciudadanos”.

Hizo referencia, en este sentido, al férreo bloqueo económico, financiero y comercial que ha costado a Cuba más de 70 000 millones de dólares y a las décadas transcurridas de agresiones, acciones terroristas, más de 600 planes de atentados contra el jefe del Estado cubano, de estímulo a la subversión, a la emigración ilegal, a los sabotajes, y  a la acción de grupos armados que ha debido sufrir el pueblo cubano.

“Nuestro pueblo ha debido lidiar con la obsesión de los gobiernos de Estados Unidos de construir y fabricar en Cuba una oposición, de fabricar en Cuba una quinta columna”, la que “responde a sus intereses, con una clara visión anexionista”, en un supuesto escenario de derrota de la Revolución cubana, puntualizó.

En el análisis de esas condiciones, que forman parte del diferendo histórico entre Cuba y Estados Unidos, señaló que  un plan tras otro “se ha estrellado contra la unidad de nuestro pueblo, contra la autoridad moral de la Revolución cubana ante su pueblo, contra el hecho incuestionable de que la inmensa mayoría del pueblo cubano apoya y defiende a la Revolución, contra el incuestionable liderazgo moral de la dirección histórica de la Revolución cubana”.

Hizo referencia a que la Ley internacional reconoce el derecho de cada país a escoger su sistema de gobierno y a sus gobernantes, la libre determinación de los pueblos y el derecho a la independencia como se proclaman tanto en la Carta de las Naciones Unidas, como en la de la Organización de Estados Americanos.

Ante los periodistas presentes en el salón de actos del MINREX, durante las casi tres horas y media de su intervención de este miércoles, Felipe Pérez Roque denunció la creciente retórica y hostilidad de la actual administración de la Casa Blanca, que ha situado en puestos claves a una veintena de personeros que responden a la mafia extremista anticubana de Miami por la “deuda de gratitud” que Bush tiene con ellos por el papel clave en su elección a la presidencia, y en especial la actividad que lleva a cabo la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, que encabeza James Cason.

Han seguido, dijo, un camino de reforzamiento y endurecimiento del bloqueo, y estímulo a la emigración ilegal que ha producido siete secuestros de aviones o embarcaciones en los últimos siete meses, con el empleo de actos terroristas y armas, propiciada por la tolerancia de las autoridades estadounidenses y la práctica de la Ley de Ajuste Cubano. Subrayó que quienes cometieron los primeros cuatro actos de terrorismo están libres en las calles de Miami.

LA SECCIÓN DE INTERESES: ESTADO MAYOR DE LA SUBVERSIÓN

No culpamos al pueblo de Estados Unidos, ni a sus intelectuales y hombres de negocio, ni siquiera a la mayoría de los congresistas que desean una normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y critican las anacrónicas regulaciones que les impiden viajar a Cuba, enfatizó el Canciller.

La exposición de los hechos fue esclarecedora para poder aseverar que la Sección de Intereses de Estados Unidos se ha convertido en el estado mayor de la subversión.

Un video con una entrevista hecha por un medio de Miami al jefe de la SINA, James Cason, en diciembre pasado, avalaba en las propias palabras del diplomático de actuación impropia, las acusaciones que contra él formulaba el titular cubano de Relaciones Exteriores.

Deseos confesos, planes e instrucciones a sus mercenarios daba a conocer el funcionario: la importancia de que existan los grupos disidentes, de que se reúnan, trabajen por su unidad y echen a un lado el protagonismo, la búsqueda de espacio en la sociedad cubana, y las instrucciones de discutir qué harán para cambiar a Cuba, estaban entre los mensajes a la oposición a la que pedía no dividirse y tratar de concertar un acuerdo sobre diez puntos.

Recalcó que esa actividad de la SINA está “en abierta violación de las leyes que rigen el comportamiento diplomático, en abierta injerencia en los asuntos internos de Cuba, con un tono y una actuación impropia realmente de un diplomático”.

Señaló que “se ha multiplicado el uso de la valija diplomática para financiar, proveer de medios, para ejercer su labor contrarrevolucionaria en Cuba a los grupos creados y financiados por Estados Unidos”.

A esta actividad la calificó de “aumento de la labor subversiva, de irrespeto por las leyes cubanas, de franco desafío a la institucionalidad legal de Cuba”.

En la entrevista Cason reconoce que se reúne frecuentemente con la Fundación Nacional Cubano-Americana y el Consejo para la Democracia en Cuba, brazo militar de la FNCA que ha organizado más de un sabotaje e intento de asesinatos contra el líder de la revolución cubana, lo que motivó un comentario de Felipe: “El señor Cason distribuye su tiempo entre Miami y La Habana”.

El ministro dio datos precisos sobre los montos del presupuesto de Estados Unidos dedicados a financiar la subversión. Adolfo Franco, administrador para América Latina y el Caribe de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), declaró ante un subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara que desde 1997 se habían invertido 22 millones de dólares para poner en práctica la ley Helms-Burton, una mínima parte de los fondos canalizados para la actividad contra Cuba y a los grupos de oposición en Cuba, a través de viajes, premios y otras vías de pagar a los mercenarios, y en la que no están incluidas las vías secretas.

Pérez Roque hizo alusión a lo acontecido el pasado 24 de marzo, cuando endurecieron el bloqueo, se restringieron más aún los viajes a Cuba, se prohibieron los intercambios educacionales negando permisos de viaje a Cuba o visas a estudiantes, científicos y atletas cubanos.

El presupuesto del Departamento de Estado ha asignado más de 26 millones de dólares para las transmisiones radiales contra Cuba, que ya han elevado a 1 200 las horas semanales; además de patrocinar la resolución de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, que este año es presentada por los gobiernos de Uruguay, Perú y Costa Rica.

Hizo referencia también a un reportaje aparecido en el diario floridano Sun Sentinel que abiertamente cuenta cómo se entrena con armas pesadas en el sur de Miami, el grupo terrorista Comandos L, al que califica de “paramilitar”.

NUESTRA PACIENCIA FUE AGOTADA POR EL SEÑOR CASON

Fotos, cartas, documentos, recibos de pago, declaraciones de implicados y también de supuestos disidentes, que en realidad trabajaban en defensa de su pueblo como agentes de la seguridad cubana, fueron presentados a los periodistas como pruebas irrefutables de la conducta irresponsable y provocadora del jefe de la SINA, de la acción mercenaria de la llamada oposición, y de sus verdaderas intenciones.

“El señor Cason marca un momento de la profundización de la política de subversión contra Cuba, abierta, desembozada”, definió el Canciller, que presentó las fotos de más de una actividad organizada por el diplomático con grupos mercenarios, algunas en su propia residencia, y que justifican plenamente el uso que ha hecho Cuba de su legislación para proteger su soberanía.

Reveló Felipe Pérez Roque que el 18 de marzo fueron arrestados 32 mercenarios y otros 33 al día siguiente. Recuerda que ese día 19, en horas de la noche, se produce el secuestro del avión DC-3 de Cubana, y que esos arrestos se produjeron, incluso, antes del comienzo de la guerra contra Iraq, del secuestro del AN-24 y de la embarcación.

Como elemento aclaratorio sobre el tema de los secuestros, el ministro ofreció datos estadísticos del comportamiento del acuerdo migratorio entre Cuba y Estados Unidos, que ponen de manifiesto la violación de esos compromisos por parte del gobierno estadounidense.

Mientras en los primeros cinco meses del año 1999 se habían otorgado 11 589 visas, la cifra decrecía en los años subsiguientes a tal punto que en el 2003 en lo que ha transcurrido del año hasta el día de hoy solo habían sido entregados 505 visados, lo que calificó de “plan consciente” para estimular las salidas ilegales y la realización de actos de terrorismo.

En cuanto a los juicios a que han sido sometidas las personas vinculadas a grupos organizados por Estados Unidos, las que se hacen llamar periodistas independientes, describió las garantías debidas ofrecidas a estos personeros, las que sin embargo, se le han negado a los Cinco compatriotas que hoy sufren prisión en diferentes cárceles norteamericanas y a quienes se les mantuvo 17 meses en solitaria aunque antes del proceso judicial y después se les ha dado igual castigo en más de una ocasión, y sus abogados y ellos mismos no han podido ni siquiera ver el 80 por ciento de la documentación presentada en su contra por la fiscalía a pesar de estar ya condenados a severas penas que incluyen cadenas perpetuas a tres de ellos.

En cambio, en los procesos actuales, 54 abogados, 44 de ellos designados por los acusados o sus familiares y 10 de oficio, han podido ejercer todos los derechos que se establecen en la jurisdicción cubana e internacional.

Pérez Roque recalcó que tuvieron vista oral, por la que cada acusado ha intervenido en su juicio y se ha escuchado a testigos de la defensa y de la fiscalía, a peritos y los abogados han podido interrogar. Hubo vista pública a la que asistieron un promedio de 100 personas en cada caso, más de 3 000 en total, la mayoría de ellas familiares, testigos y peritos, por lo que eran totalmente falsas las informaciones sobre juicios secretos y sin garantías.

Al respecto aclaró que unos pocos diplomáticos extranjeros interesados, no sabía por qué, en estos casos, no estuvieron presentes, porque es derecho de los tribunales decidir quiénes asisten y, además, no había porqué conceder un derecho especial cuando los juzgados no eran ciudadanos de esos países. Cuba ha garantizado la presencia de diplomáticos en los procesos a ciudadanos del país en cuestión. Tampoco accedieron los jueces a que, por motivos de seguridad para los incautados, no estuvieran presentes miles de cubanos indignados con el actuar de estos llamados disidentes, aclaró.

Enfatizó en los artículos de la Ley cubana que refrendan estos juicios, entre ellos el Artículo 91 del Código Penal, la Ley 62 de 1987, cuyos antecedentes datan del Código Penal Español, y que define cómo son sancionables los actos contra la independencia o integridad territorial del Estado a favor de una potencia extranjera, y varios artículos de la Ley 88 de Protección a la Independencia y Soberanía de Cuba, la ley antídoto contra la Helms-Burton.

Los procesados y condenados han violado todas estas legislaciones porque han pedido que Cuba no sea aceptada en el acuerdo de Cotonou, contribuyendo a las sanciones y al bloqueo, piden que sea sancionada por la Comisión de Derechos Humanos justificativo para que se mantenga el bloqueo.

Un video presentado en la exposición del Ministro mostró a uno de los acusados reconocer el trato correcto recibido de las autoridades, la atención médica, el acceso a visitas familiares y de sus abogados.

Sobre 37 de los acusados que supuestamente han ejercido como periodistas independientes y que la propaganda en el exterior presenta como si hubiesen sido arrestados los principales y más importantes periodistas e intelectuales cubanos, aclaró que solo cuatro de ellos estudiaron periodismo y fueron alguna vez periodistas, y 14 de ellos tiene título universitario de algún tipo. En Cuba son periodistas ustedes, los 157 corresponsales extranjeros y los 2 175 periodistas cubanos que trabajan en 548 medios de prensa. “Esa es la prensa cubana y no los que publican en la prensa de Miami lo que sus patrones le ordenan”.

Esto fue ratificado posteriormente por las declaraciones trasmitidas en video por Néstor Baguer Sánchez Galarraga, presidente de la llamada Asociación de Prensa Independiente que trasmitía para CubaNet, y que resultó ser el agente “Octavio” de la Seguridad cubana, quien hizo referencia a los temas a informar sobre Cuba, la paga recibida y hasta las artimañas de algunos “coordinadores” para quedarse con la paga de sus colaboradores, en lo que citó el caso de Jorge Olivera, quien se apropió de seis meses de pagos a los “periodistas independientes” de su grupo.

El Canciller presentó pruebas irrefutables: la creación de organizaciones por parte de la SINA, los pases de acceso abierto de algunos de los implicados, a la Sección de Intereses de EE.UU. en La Habana a cualquier hora del día y de la noche, los listados de pagos, las instrucciones...

Oscar Espinosa Chepe, por ejemplo, recibió desde enero de 2002 a enero de 2003, la cantidad de 7 154 dólares y en el forro de un traje tenía escondidos 13 660 dólares, “sus ahorros”, a pesar de que hace 10 años no trabaja, pero sí recibía su paga de CubaNet. Mientras que Héctor Palacios tenía 5 000 dólares en un frasco de medicina.

En total fueron ocupados cientos de miles de dólares a los procesados y, curiosamente 1 200 pesos cubanos, aunque la mayoría de ellos no tiene empleo.

Se conoció también del testimonio presentado en el juicio por Osvaldo Alfonso Valdés, quien reconoció que ha podido ser utilizado por funcionarios de la Sección de Intereses, que conocía que los fondos que les entregaban provenían de la USAID, que en una reunión se analizaron  alternativas de cómo les llegaría ese dinero para no demostrar vínculo directo de los “disidentes” con el gobierno de Estados Unidos. Y como colofón la rendición de cuentas que el implicado hacía de 400 dólares que le había enviado Acción Democrática Cubana, y las cartas encabezadas con la frase “Mi querido Osvaldo” que le remitía el conocido y confeso agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner, junto con las instrucciones de cuánto dinero le enviaba y con quién.

Pudiera servir como conclusión que la Revista de Cuba, de la Sociedad de Periodistas Márquez Sterling, se imprime en la Sección de Intereses. La revista El disidente se publica en Puerto Rico pero es distribuida por la Sección de Intereses.

“Sí, son organizaciones gubernamentales, del Gobierno de Estados Unidos”, recalcaba Felipe Pérez Roque.

El agente Octavio, con lujo de detalles, habló de las reuniones de estos “periodistas” y de su alcoholizado jefe, Raúl Rivero, quien recibe una buena paga como periodista del Herald de Miami y vicepresidente para el Caribe y Centroamérica de la SIP.

Se pudo conocer, además, el testimonio ante el tribunal de Odilia Collazo, presidenta del Partido para los Derechos Humanos, otra poseedora desde 1991 de un pase abierto a la SINA, quien relató como el señor Cason ofreció su casa para “reunirnos, debatir y fomentar la sociedad civil en Cuba” y que al final dijo: “No soy una opositora, tengo el privilegio de ser la agente Tania.”

Visto y comprobado, mucha razón la del canciller Felipe Pérez Roque cuando le dijo a los periodistas ayudénnos, díganle al señor Cason que “en Cuba nadie se chupa el dedo”.